El Convenio de La Haya de 1980 establece un marco claro: retorno inmediato del menor al Estado de residencia habitual, salvo excepciones estrictas. Sin embargo, su aplicación práctica implica analizar con precisión:
La sustracción internacional de menores sigue siendo uno de los ámbitos más complejos del Derecho de Familia contemporáneo. La coexistencia de múltiples jurisdicciones, la intervención simultánea de autoridades administrativas, judiciales y consulares, y la urgencia asociada a la protección del menor obligan a un enfoque altamente técnico y coordinado.
- la determinación efectiva de la “residencia habitual” en contextos de movilidad transnacional,
- la posible existencia de un riesgo grave (art. 13 b) y su acreditación probatoria,
- las medidas de protección disponibles en el Estado requirente,
- la ejecución real de la decisión de retorno, especialmente cuando existen antecedentes de violencia de género o dinámicas coercitivas,
- las interacciones entre procedimientos civiles, penales y de protección del menor.
En los últimos años, la jurisprudencia europea ha insistido en tres principios:
- celeridad en la tramitación,
- cooperación activa entre autoridades centrales,
- protección reforzada en casos de violencia de género, garantizando que el retorno no exponga al menor ni a la progenitora a situaciones de riesgo.
La mediación familiar internacional ha adquirido un protagonismo creciente como herramienta complementaria que favorece acuerdos sostenibles, reduce tiempos y evita litigios estancados. Su eficacia aumenta cuando se combina con equipos interdisciplinarios y con cláusulas operativas sobre escolaridad, logística de desplazamientos, comunicaciones digitales y autoridad parental.
En este marco, también emergen nuevas cuestiones: traslado ilícito en contextos de teletrabajo internacional, nuevas formas de control digital, o conflictos derivados de activos digitales familiares que requieren medidas cautelares en varias jurisdicciones.
La gestión jurídica de estos casos exige técnica, coordinación internacional y una mirada centrada en la protección real del menor.
