Para la mayoría de personas, su ruptura es uno de los momentos más duros de su vida por las consecuencias tanto personales como económicas que comporta.
En Carmen Varela, Abogados de Familia abogamos por un asesoramiento preventivo desde el inicio de la crisis familiar, que permita al cliente afrontar con mayores garantías y mejor protección sus intereses y los de sus hijos.
Ayudamos al cliente a planificar su divorcio y elegir el momento es de vital importancia para determinar las consecuencias personales (custodia, régimen de visitas, etc) y económicas de la ruptura (atribución del uso del domicilio familiar, pensión de alimentos, prestaciones económicas para uno de los cónyuges, etc..)
Si bien el proceso de divorcio puede ser consensuado o contencioso, en nuestro despacho apostamos por la negociación antes de acudir a los juzgados, pues se ha demostrado que los índices de incumplimiento de los acuerdos a los que llegan las partes son muy inferiores a los de las resoluciones judiciales y que las relaciones familiares resultan más preservadas. Ahora bien, cuando la negociación no es posible o no permite proteger los intereses legítimos del cliente, tenemos que recurrir a la vía contenciosa.
Hay personas que conviven como pareja estable tras la inscripción de su unión en el registro correspondiente. Pero, además, la ley catalana también considera parejas estables a aquellas que, sin estar inscritas en el registro, hayan convivido más de dos años o las que, conviviendo menos tiempo, tengan descendencia común.
Cuando estas parejas se rompen, al igual que ocurre en los casos de separación, divorcio y nulidad, deben regularse las consecuencias personales y económicas de la ruptura, pues, en la gran mayoría de casos, además de descendencia, las parejas tienen propiedades y relaciones económicas comunes y uno de los miembros de la pareja puede ser acreedor de prestaciones económicas. Todo ello puede regularse a través de un proceso de mutuo acuerdo o contencioso.
Los futuros o ya cónyuges pueden otorgar capítulos pre o postmatrimoniales y/o pactos en previsión de la ruptura. Estos instrumentos permiten regular las consecuencias económicas y personales de una separación, divorcio o nulidad de forma previa a la ruptura.
Tras dictarse una resolución judicial u otorgarse una escritura pública ante notario, las partes implicadas deben cumplir su contenido. Pero si alguna de las partes no cumple y ello perjudica al cliente o a sus hijos, aconsejamos acudir a la vía judicial para instar el cumplimiento forzoso
Si tras dictarse una sentencia de divorcio o de guarda en sede judicial, las circunstancias familiares varían sustancialmente, las medidas adoptadas anteriormente pueden modificarse mediante un procedimiento de medidas de los efectos del divorcio.
El proceso de nulidad eclesiástica, que se rige por las normas del derecho canónico, tiene por objeto que el matrimonio se declare nulo por la existencia de defectos esenciales en el momento de su celebración.
En paralelo o con posterioridad a la declaración de nulidad por la Iglesia, los cónyuges deberán regular los efectos personales y económicos de la ruptura ante los tribunales civiles.
Los procesos de filiación tienen por objeto determinar la verdadera maternidad y paternidad de una persona, que, en estos casos, será diferente a la que conste en el Registro Civil.
Tras la finalización de estos procesos también pueden reclamarse daños y perjuicios derivados de la ocultación voluntaria de la inexistencia de vínculo biológico entre quien creía ser padre y el niño.
Aunque el proceso de filiación finalice con la impugnación de la paternidad, es posible establecer, con posterioridad, un régimen de visitas entre quien creía ser o actuaba como padre con el niño, como un allegado.
Con independencia de la custodia, los progenitores son, salvo contadas excepciones, titulares de la potestad parental o patria potestad. Esto significa que ambos deben ponerse de acuerdo en todos los aspectos relevantes de la vida de los menores y, cuando, no lo consiguen, es necesario acudir a los tribunales para resolver la controversia.
Nuestro equipo interviene ante la Administración Pública en expedientes administrativos de riesgo o desamparo de menores.
Asimismo, asesoramos a menores de manera independiente a sus progenitores, garantizando en su caso, el acceso a los tribunales y la defensa de sus intereses.